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Contexto

Sistema de Estadísticas en Justicia




 

La política criminal es una política pública orientada hacia los fenómenos definidos por la ley penal como delitos. Sus estrategias se orientan a la prevención, control, investigación y sanción de la criminalidad, la atención a las víctimas y el tratamiento de los condenados.

«Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además, puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica» (Sentencia C-646 de 2001).

En la sentencia C-646/01 se enlista el siguiente conjunto de respuestas que puede adoptar un Estado para hacerle frente a conductas reprochables o causantes de perjuicio social

Social:

“como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito

Jurídica:

“como cuando se reforman las normas penales”



Económica:

“como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables”

Cultural:

“como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social”

Administrativas:

“como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria”




Tecnológicas:

“como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica”


En la sentencia C-646/01 se enlista el siguiente conjunto de respuestas que puede adoptar un Estado para hacerle frente a conductas reprochables o causantes de perjuicio social Dada la definición de la Corte Constitucional y de la Comisión Asesora de Política Criminal, la política criminal está asociada con tres formas de criminalización:

Criminalización primaria: Define un comportamiento como delito, es decir, es el momento de definición legislativa de los delitos y las penas. (Comisión Asesora de Política Criminal, 2012).

Criminalización secundaria: Corresponde a la determinación de un individuo como responsable de un crimen ya establecido por la ley, que es el problema de la judicialización o investigación criminal de los hechos punibles. (Comisión Asesora de Política Criminal, 2012)

Criminalización terciaria: Corresponde a la ejecución y cumplimiento de la sanción penal por parte de una persona declarada responsable de un crimen, que es la fase de ejecución penitenciaria.

Adicionalmente, se ha considerado que es posible establecer una fase cero de la política criminal, que estaría concentrada en la prevención de los fenómenos de criminalidad a través de mecanismos distintos a los sistemas penales. (Comisión Asesora de Política Criminal, 2012)

 

Gráfico: Fases de la criminalización de la política criminal

                                  gráfico_fases.jpg          
Fuente: Elaborado por el Observatorio de Política Criminal, 2016.  
Normatividad principal

Esta sección hace una priorización de la normatividad más relevante en materia penal con el ánimo de brindar un panorama general de la Política Criminal en el país.

 


Este  modelo de política criminal y penitenciaria incluye la definición ampliada de la política criminal. En la gráfica, las línea grises representan la fase 0 de la política criminal, que está relacionada con el diseño de medidas de prevención a través de las políticas públicas, las líneas moradas representan la criminalización primaria, ya que, esta define los comportamientos considerados como delitos, es decir, toda conducta punible que es susceptible de ser juzgada y sancionada. Las líneas amarillas representan la criminalización secundaria, ya que a través de la aplicación del Código de Procedimiento Penal es posible determinar si un individuo es responsable o no de un crimen establecido por la ley. Finalmente, las líneas verdes representan la criminalización terciaria pues incluye la ejecución y el cumplimiento de la sanción penal.  

 

Gráfico: Modelo de Política Criminal

gráfico_modelo.png

 Fuente: Elaborado por la Oficina de Información en Justicia, 2016.

Los elementos de la cadena de valor tienen funciones específicas, ya que, cada forma tiene una función determinada para cumplir con las dimensiones de la criminalización. El ovalo morado representa el inicio y el final del modelo, es decir, el entorno socioeconómico es el espacio social en el que se generan los insumos directos o indirectos que alimentan las conductas punibles que dan lugar a las noticias criminales. Así, las noticias criminales pueden dar inicio a las actividades de indagación, investigación o terminación anticipada del proceso penal cuyo objetivo es realizar un proceso de juzgamiento que da lugar o no a sentencias condenatorias o absolutorias y en el caso de los y las adolescentes realizar actividades de decisión sobre la responsabilidad del adolescente para lograr los objetivos sancionatorios y de castigo. La terminación anticipada del proceso penal se puede dar a través de los métodos de solución de conflictos como producto de los esfuerzos de las políticas públicas diseñadas en la criminalización primaria y su interacción con el juzgamiento de la criminalización secundaria. Esto no ocurre en todos los casos, por ello no se puede hablar de una relación directa sino de una relación indirecta que está representada por las líneas azules punteadas. Adicionalmente, el resultado o impacto que se espera de la criminalización terciaria es alcanzar la resocialización del individuo que realiza la conducta punible. Finalmente, a pesar de los esfuerzos, hay sujetos que caen en la reincidencia de conductas punibles, lo que hace necesario el trabajo conjunto de las tres dimensiones de criminalización para iniciar nuevamente el ciclo que permite obtener una resocialización adecuada y permanente.     
Dado lo anterior, el Sistema Penal Oral Acusatorio puede regular las acciones delictivas y sancionatorias que comete todo aquel que transgrede la ley. Así, la criminalización secundaria se refiere al proceso de adjudicación de responsabilidades penales a través del Código de Procedimiento Penal, pues permite administrar la justicia y las garantías constitucionales para las víctimas y victimarios. Por lo tanto, dada la complejidad del sistema penal colombiano, en el modelo se analiza de manera detallada esta sección de la política criminal. Así,     

 

Gráfico: Representación gráfica de las etapas del Código del Procedimiento Penal

            gráfico_procedimiento.png
Fuente: Elaborado por la Oficina de Información en Justicia, 2016.